Según la prensa local, en el caso de Naciones Unidas se dirigirán al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
Jueces y otros trabajadores del Poder Judicial en México acudirán a Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar paralizar los recortes al sistema de justicia, aprobados recientemente por el Congreso de México.
El polémico decreto de reforma fue firmado días atrás por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien este martes incluso propuso que parte de esos fondos fuesen donados a los damnificados por el paso del huracán Otis, en Acapulco.
Según el periódico Milenio, citando a funcionarios judiciales, en Naciones Unidas los denunciantes apelarán al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que examine el caso, que motivó que hace casi dos semanas una parte de los trabajadores del sector se declarara en huelga, hasta este lunes.
A inicios de semana, los trabajadores del Poder Judicial presentaron un recurso de amparo contra la reforma en los juzgados administrativos. En caso de que sea admitido a trámite, la reforma podría quedar suspendida hasta que se resuelva la cuestión.
¿Derechos o privilegios?
El inconformismo de los funcionarios se produce después de que el Congreso votara recortar 13 de sus 14 fideicomisos por un total de 15.000 millones de pesos (más de 831 millones de dólares).
Según el Gobierno, esos millonarios fideicomisos fueron creados para pagar prestaciones de privilegio a los altos mandos judiciales.
En la demanda de amparo, los trabajadores aseguran que algunas de estas prestaciones representan derechos adquiridos de los trabajadores para la cobertura del pago de jubilaciones o servicios médicos complementarios.