(Bogotá, junio 26 de 2018). El proceso de paz de Colombia se destaca por su compromiso de asegurar que el tránsito del conflicto armado a la paz se acompañe de verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición. Dentro de este compromiso, le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la responsabilidad de cumplir con la aspiración de la sociedad colombiana a la justicia en el marco de las normas nacionales e internacionales y en las circunstancias propias de un proceso de paz.
De conformidad con el Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial ha sido establecida constitucionalmente, con el aval de la Corte Constitucional y el respaldo, entre otros, de la Corte Suprema de Justicia, y abrió sus puertas al público el 15 de marzo de este año.
Sin embargo, tres meses más tarde, la JEP sigue sin las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados y magistradas. Más de un año después de la aprobación del Acto Legislativo 01 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a las personas que se someten a la Jurisdicción Especial, continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.
Las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas. Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP.
En su declaración del pasado 19 de abril con motivo de la presentación del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad, unánimes, “acogieron con beneplácito los acontecimientos positivos de los últimos tres meses, incluidas […] la activación de la Jurisdicción para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de personas desaparecidas, y expresaron su esperanza de que este progreso se mantenga”.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas.