La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el autor material del crimen, Mario Aburto, sufrió “actos de tortura” por parte de elementos de la Policía Judicial Federal y de agentes del Ministerio Público.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de Mario Aburto, quien habría confesado bajo tortura el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en Baja California en 1994.
“Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior, tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos”, se lee en el comunicado de prensa publicado por la CNDH.
El 23 de marzo de 1994, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió dos disparos de arma de fuego durante una concentración pública en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Colosio fallecería en un hospital como consecuencia de esas heridas, mientras que las autoridades detendrían a Aburto, señalado como autor material del homicidio en un proceso penal que estuvo plagado de irregularidades.
A 27 años y siete meses de esos hechos, la Comisión Nacional inició una indagatoria y determinó que tras el magnicidio, Aburto sufrió “actos de tortura” por parte de elementos de la entonces Policía Judicial Federal —hoy Fiscalía General— y de agentes del Ministerio Público Federal que lo detuvieron y trasladaron al Centro de Readaptación Social (Cefereso) de ‘El Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde ingresó el 25 de marzo de 1994.
“Los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos“, señaló la CNDH.
En el marco del caso Aburto, el organismo afirmó, a modo de autocrítica, que “tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.
De acuerdo con la indagatoria de la CNDH, antiguos funcionarios del organismo habrían realizado una entrevista a Aburto sin su autorización. Además, esa conversación no fue registrada “en ningún expediente de queja de aquellos años“.
Alejado de su familia
Por otra parte, la CNDH acreditó que en estos 27 años, las autoridades han mantenido a Aburto en prisiones alejadas de su familia, lo que “constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno“, expresaron.
En este tiempo, Aburto ha sido trasladado a distintos centros penitenciarios. El sujeto ha permanecido privado de su libertad en cuatro entidades federativas: en Almoloya de Juárez (Estado de México); en Puente Grande (Jalisco); en Huimanguillo (Tabasco); y en Ocampo (Guanajuato).
Por tanto, la CNDH llamó a la FGR a realizar una nueva indagatoria del caso que dio origen a la detención y sentencia de Aburto, considerando “las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado“.