México y Estados Unidos eliminaron por decreto el Plan Mérida que data desde el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), el cual exacerbó la violencia y dio argumentos al crimen organizado para su guerra intestina vigente.
En el diálogo de alto nivel presidido por el canciller de México, Marcelo Ebrard; y su colega de Estados Unidos, Antony Blinken, se finiquitó un plan militar en el que Estados Unidos daba asistencia con helicópteros artillados y armas.
Además, abría las puertas para actuar con impunidad a la Drug Enforcemenet Adnministration (DEA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la U.S. Agency for International Development (Usaid) y, en general a la comunidad de inteligencia del vecino país.
La reunión de alto nivel de esta semana avanzó muchísimo en ese sentido, pero la experiencia indica que asuntos de una naturaleza tan compleja no se eliminan por decreto, sobre todo cuando implica cambios en las estructuras de los organismos involucrados.
El planteo presentado por Ebrard y Blinken es claro y positivo y, desde ese punto de vista, podría decirse que prevaleció el criterio del gobierno de México de colocar por encima de la salida militar a la violencia, la social creando oportunidades de trabajo para eliminar el caldo de cultivo que nutre a las mafias.
Indudablemente el nuevo plan Entendimiento Bicentenario expresa en su composición ese objetivo, sin abandonar como complemento acciones coercitivas de corte militar y persecución financiera de los cárteles para dificultarles la sobrevivencia.
En términos muy generales tanto Blinken como Ebrard explicaron el Entendimiento Bicentenario en forma coincidente. Su base la conforman tres pilares con muchas adiciones. El primero: proteger la salud y seguridad en ambos países. Su complemento es complicado: inversiones en crecientes oportunidades económicas, en particular, para las comunidades vulnerables y regiones, y ese es el elemento central del diálogo para dar a los trabajadores mexicanos y estadounidenses lo que necesitan en las condiciones económicas actuales. Tiene otros más.
El segundo pilar es evitar la trata a través de las fronteras y también el contrabando, sobre todo el de las armas.
Aunque Blinken dijo estar comprometido con el rastreo de ese trasiego de armamento con ventas no ilícitas en Estados Unidos, pero sí desordenadas, e inmorales, habrá que esperar un plan al respecto que no se vislumbra en lo publicado. No se habla de la demanda mexicana a 11 empresas expendedoras de armas.
El tercer pilar se concentra en perseguir a las redes delictivas transnacionales y es el más apegado a los viejos conceptos de la Iniciativa Mérida, aunque en sus complementos incluye la batalla contra el lavado de dinero, mayor vigilancia del uso gansteril de los sistemas financieros, y la corrupción en los tribunales.
Los tiempos influyen mucho en la ejecución del Entendimiento Bicentenario para que se convierta en un plan ejecutable. Al gobierno de Andres Manuel López Obrador le restan tres años, en los cuales debe dejar sentadas las bases de esos tres pilares.
Ebrard lo precisó en su conferencia de prensa al destacar la importancia que le da México al arranque inmediato de un programa de empleo en Centroamérica, que tiene la fórmula de la reforestación Sembrando Vida, y el de aprendices Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido exitoso en los estados de Chiapas y Oaxaca.
En cuanto al rastreo de armas Ebrard dividió las aguas y dejó en claro que la intención de México no es una presencia física por parte de autoridades de Estados Unidos, sino limitado al seguimiento de qué armas, cantidad, quién las vendió y a qué cliente, sus características, cómo se transportó y cómo se están usando.
El 1 de diciembre las partes deben presentar un plan más concreto y ver en esa reunión las acciones inmediatas a adoptar. No obstante, las expectativas y dudas se mantienen.
Ken Salazar, nuevo embajador de Estados Unidos, confesó que un tema central para la Casa Blanca es que la DEA y la Usaid, prohibidas en México, vuelvan a ser autorizadas a pesar de que esta última financia directamente a través de la embajada, a grupos neofascistas vinculados al partido español VOX, a través del Partido Acción Nacional y la denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Contrariamente a lo que expresó López Obrador en varias oportunidades, Salazar reveló que ‘estamos trabajando en esto con el Gobierno para tener la oportunidad de traer agentes nuestros, incluidos de la DEA, de una manera en la que estamos asociados, porque nos comprometimos a implementar juntos el Entendimiento Bicentenario’.