La comisión creada sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya cuenta con una reconstrucción de hechos totalmente definida y quiénes participaron, reveló hoy el subsecretario mexicano de Gobernación, Alejandro Encina.
Sin embargo, aclaró que los cabos sueltos siguen siendo a dónde fueron llevados y advirtió que si termina el sexenio sin esta resolución vamos a decir la verdad, no tenemos nada que ocultar ni fabricar conclusiones.
Encina hizo esas declaraciones al diario La Jornada, al cual reveló que en las indagatorias hechas por Estados Unidos se está dando seguimiento al grupo delictivo involucrado, es decir, Guerreros Unidos.
Aclaró que los vecinos están haciendo su propio rumbo de investigación sobre narcotráfico y no tienen ninguna conclusión en lo que se refiere a la desaparición de los muchachos.
Como respuesta a la solicitud formal del presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris, el gobierno del país vecino entregó un primer paquete que ha permitido ampliar el expediente.
Encinas explicó que como siguiente paso ya tienen fijados dos puntos en los que harán una intervención importante, lo cual por las condiciones del predio no es una intervención que dure unos cuantos días, sino que va a ser mayor.
Prefirió mantener en reserva los sitios para agilizar las acciones, de las cuales sólo comentó que se realizarán en Iguala y probablemente en el municipio de Eduardo Neri, colindante a Cocula.
Al explicar los avances en los interrogatorios de detenidos que buscan el beneficio del criterio de oportunidad, apuntó que muchos de los hallazgos se han hecho mediante este proceso, y los padres y madres de los estudiantes están de acuerdo con el método.
No obstante, varios de los detenidos dicen verdades a medias para evitar ser inculpados. Lo atribuyó al pacto de silencio que son pactos de muerte. En el momento que se rompe el compromiso entre grupos delictivos, se pone en riesgo no sólo la integridad física de la persona que colabora, sino de sus familias, señaló.
Por esa causa, desde 2014 a la fecha han muerto o sido ejecutadas 21 personas que intentaron romper el pacto.
Advirtió que si los detenidos no brindan información que lleve a resultados, no tendrán el beneficio de criterio de oportunidad que les permite reducir, en algunos casos, sus condenas.
En las investigaciones, agregó, ha sido un obstáculo grave la tortura que aplicaron las autoridades anteriores a los interrogados, porque les permitió quedar en libertad.
Debido a ello ‘los estudiantes fueron objeto de una segunda desaparición, porque se buscó borrar todo rastro o huella de ellos con una verdad histórica que, como lo hemos venido comprobando, no se apegó a la verdad de los hechos.
Recalcó, también, que todos los involucrados serán sancionados, sin importar si son civiles, de cuerpos de seguridad municipal, estatal, federal, o del Ejército.