El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número seis de Naciones Unidas propone que para 2030 toda la población mundial tenga acceso al agua limpia y al saneamiento, pero lamentablemente hoy la humanidad está lejos de esa meta.
Aunque parezca impensado, el preciado líquido es un privilegio y no un derecho, lo que para muchos es parte de la vida cotidiana, para otros es un lujo.
El informe Progreso del agua potable, el saneamiento y la higiene en los hogares 2000-2020, recientemente publicado por el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene (PCM) de la Organización Mundial de la Salud, evaluó las tasas actuales y afirmó que, la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes.
La escasez de ese recurso afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales, producto del cambio climático.
Aunque hay avances innegables desde 1990 cuando alrededor de dos millones de personas consiguieron acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento, la decreciente disponibilidad de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes.
Según Naciones Unidas garantizar el agua potable segura y asequible universal implica llegar a más de 800 millones de personas que carecen de servicios básicos, y mejorar la accesibilidad requiere una inversión superior a los dos mil millones.
A partir de los datos extraídos de la investigación del PCM, se afirma que para lograr la cobertura universal en 2030 será necesario cuadruplicar las tasas en materia de agua potable, saneamiento e higiene básica.
Los países menos desarrollados son los más afectados y será especialmente difícil acelerar el progreso en esos territorios. Los datos son estremecedores: una de cada cuatro personas, es decir, dos mil 300 millones de personas en todo el mundo, carecen de agua potable.
Además, el informe advierte que casi la mitad de la población mundial, es decir, tres mil 600 millones de seres humanos no disponen de saneamiento seguro.
Otro dato interesante, el año pasado ya con pandemia de la Covid-19, el 71 por ciento de la población mundial (cinco mil 500 millones) disponía de un servicio básico de lavado de manos con agua y jabón en su casa, un 21 por ciento (mil 600 millones) tenía instalaciones pero carecía de los medios para hacerlo mientras el nueve por ciento (670 millones) no tenía ninguna facilidad para esa elementar higienización.
Si de desigualdad se trata, en este tema América Latina también registra importantes disparidades, aunque estas no son creadas directamente por el hombre, sino por la naturaleza ya que la región presenta una distribución geográfica con zonas extraordinariamente ricas y otras más secas, y con el 80 por ciento de la lluvia concentrada en pocos meses del año.
El asesor para este tema del Banco de Desarrollo de América Latina, Víctor Arroyo calificó ese fenómeno como inseguridad económica del agua, asociada al déficit de infraestructura, capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad que lleva a situaciones de escasez, más allá de la presencia del recurso.
Hacer que el agua esté donde más se necesita tiene un costo, por lo que cubrir la demanda de infraestructura hídrica en Latinoamérica demanda invertir el 0,3 por ciento del Producto Interno Bruto hasta 2030, unos niveles de inversión incumplidos hasta la fecha.
Dicho monto permitiría la universalización de los servicios de agua potable, alcanzar una cobertura de 94 por ciento en el saneamiento, garantizar que las aguas residuales sean tratadas adecuadamente, y que la mayoría de las áreas urbanas tengan sistemas eficientes de drenaje.
Por eso si realmente se quiere garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, será necesario disponer del financiamiento para ejecutar adecuadas infraestructuras, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar políticas públicas que realmente transformen la problemática.
Esas debieran ser las prioridades nacionales e internacionales para que el ODS 6 sea una realidad.