Juezas y jueces cuentan con herramientas para garantizar derechos humanos

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que los retos para proteger y promover el absoluto respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos aún son muchos, pero las modificaciones constitucionales en la materia han establecido las herramientas necesarias para garantizarlos.

Al participar en el panel “La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos: Impacto y Perspectivas”, realizado por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de dicho cambio legislativo, la magistrada Soto Fregoso indicó que se trata de una de las modificaciones constitucionales más trascendentales, pues revolucionó el paradigma de juzgar con perspectiva de derechos humanos.

Explicó que esta reforma colocó a la dignidad como fundamento e instrumentó la aplicación del principio pro persona, es decir, la obligación de las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.

Asimismo, dijo que significó un parteaguas en la impartición de justicia para avanzar en el respeto a los derechos de todas y todos. Además, la magistrada Soto Fregoso resaltó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el impacto que han tenido las sentencias en esta materia.

Por su parte, Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN, recordó la trascendencia de la reforma, ya que apunta a la prevalencia de los derechos humanos en todo el sistema jurídico y, además, es consecuencia de un consenso legislativo pocas veces visto. Los retos en la materia, indicó, no son menores, pero lo más importante es su plena eficacia, lo que implica conciliar los enunciados jurídicos con la realidad social.

La también presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación señaló que esta reforma —fruto de 47 iniciativas presentadas y de 25 meses de proceso legislativo— colocó a los derechos humanos, su protección y defensa como el centro del orden jurídico mexicano.

En su oportunidad, la magistrada Marisol Castañeda Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., explicó que este cambio reforzó la protección de los derechos de las personas pertenecientes a grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad, y Estela Fuentes Jiménez, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dijo que a partir de 2011 la exigencia constitucional marcó un antes y un después en la actuación de quienes juzgan.

Finalmente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltó que con la reforma de 2011 México amplió el rango de protección de las personas, mientras que Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que se necesita construir medios de defensa eficaces ante las amenazas a los derechos humanos.
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