La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre propuso una reforma al artículo 58 del Código Civil Federal, a fin de que los padres y madres puedan registrar a sus hijos con los apellidos en el orden que definan.
La legisladora de Morena explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno, pues esta práctica relega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar.
La Suprema Corte señaló que dicha disposición establece un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de las mujeres en las familias y, en consecuencia, en la sociedad.
Vázquez Alatorre explicó que la imposición del apellido paterno responde a un trasfondo histórico, en el cual la concepción del hombre como jefe y portador del apellido de la familia relega a las mujeres al papel de simples integrantes, lo que niega las funciones que realizan.
No hay justificación, asentó, para limitar el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos, a partir de prejuicios que pretenden perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.
Refirió que según el Censo de Población y Vivienda 2020, a nivel nacional, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, lo que representa 11 millones 474 mil 983 hogares.
La senadora comentó que, en las últimas décadas, los cambios sociales y culturales han influido en el aumento de hogares con jefatura femenina, lo que ha motivado diversas investigaciones para conocer las causas y las condiciones en las que se desarrollan.
En la gran mayoría de los hogares mono maternales, apuntó, el apellido que llevan las hijas o hijos es el del padre, por lo que la posibilidad de elegir, para su descendencia, el apellido materno no es sólo una reivindicación de su propia identidad, sino el establecimiento de una estirpe que permita a las generaciones futuras el conocimiento de su origen y tradiciones.
Por ello, Antares Vázquez aseguró que esta reforma permitirá dar un reconocimiento a las mujeres que, en muchas partes del país, sostienen no sólo a las familias, sino a sus comunidades a lo largo de las generaciones.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.