La diputada de Encuentro Social, Leticia Arlett Aguilar Molina, impulsa una iniciativa para reformar los artículos 91, 92 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de homologar el salario mínimo en todo el territorio nacional.
La reforma establece que el salario mínimo será general y de aplicación para toda el área geográfica de la República Mexicana o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales en todo el país.
Agrega que el salario mínimo general regirá para todos los trabajadores en toda la geografía nacional, en forma independiente del establecido para las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que fije la ley.
Señala que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinará, de conformidad a los índices de pobreza y de pobreza extrema que publiquen los organismos públicos encargados de efectuar dichos estudios, análisis y estadísticas, en qué entidades federativas y a qué municipios, debe fijarse un salario mínimo general mayor al del resto del país.
En la exposición de motivos, la propuesta, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis, menciona que se busca eliminar la división del territorio nacional en áreas geográficas para la asignación o fijación del salario mínimo general.
Refiere que estas modificaciones normativas eliminarán cualquier diferencia salarial entre una zona y otra, ya que ello vulnera el principio de derecho laboral que señala que a trabajo igual, salario igual.
Precisa que para zona de la frontera norte se fijó un salario mínimo general significativamente diferente al del resto del país, a pesar de que hay entidades federativas y municipios con mayor porcentaje de pobreza o pobreza extrema. “De ahí la importancia de estipular en la legislación un salario mínimo que será general y de aplicación para toda el área geográfica de la República Mexicana”.
Subraya que de aprobarse la reforma se estaría cumpliendo una de las recomendaciones emitidas para la Organización Internacional del Trabajo, que ha sostenido que el salario mínimo es el mínimo vital para el sostenimiento del trabajador, pero la remuneración debe ser equitativa y satisfactoria, de tal forma que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, con el complemento que en su caso se establezca por medio de la seguridad social o la asistencia social.
Indica que el establecimiento de dos áreas geográficas con diferente salario mínimo general no tiene sustento legal y justo alguno, con relación a la diferencia en su monto; por el contrario, divide en dos las posibilidades de poder atender en mejor posibilidad las necesidades de un jefe de familia.