El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) propuso adicionar un artículo 24 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
La reforma es para establecer que siempre que se abra una averiguación previa por el delito de mendicidad ajena, el Ministerio Público deberá notificar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes de la entidad federativa correspondiente, para que realice una investigación del caso.
De encontrar elementos, sin importar la existencia de una sentencia condenatoria por el delito señalado, promueva el procedimiento jurídico familiar para la pérdida de la patria potestad.
La iniciativa destaca que la precariedad económica no debe ser motivo para incitar a los menores a la mendicidad, independientemente de si se configura un delito o no, pues es obligación de quien ejerce la patria potestad asegurarle a las niñas y niños bajo su tutela un entorno de seguridad, por lo que en todos los casos en donde existan elementos para presumir que esto no se está cumpliendo, se debe investigar y resolver conforme a lo más benéfico para la o el menor involucrado.
Señala que cuando son los propios padres quienes explotan a sus hijos con estos fines, es común que los niños sean sometidos a castigos aberrantes y los mantengan sucios, desnutridos y en algunos casos les fomenten adicción a determinadas sustancias para poder controlarlos mejor, incumpliendo claramente con las obligaciones que la Ley les impone al ostentar la patria potestad.
Indica que las principales víctimas de este delito son niños, personas con discapacidades y adultos mayores, o bien, mujeres con bebés que siempre duermen mientras piden limosna. Lo más preocupante es que muchos de estos infantes son víctimas de sus propios padres, con lo cual se compromete su seguridad y bienestar para utilizarlos como un medio de subsistencia.
La mendicidad infantil, ya sea producto de la trata de personas o de alguna otra modalidad como la subsistencia familiar, se plantea como un problema en aumento y, mientras una niña, niño o adolescente viva en esa situación, el resto de la comunidad no puede ser indiferente.
Por ello, para garantizar la tutela de los derechos de la niñez el Estado debe llevar a cabo acciones puntuales ante los casos de mendicidad infantil, ya sea producto de la trata de personas o de alguna otra modalidad como la subsistencia familiar.
Manifiesta que con esta reforma se garantiza una verdadera tutela estatal de la niñez, pues independiente del resultado que arroje la investigación penal ante la configuración o no del delito de trata de personas, se deben tomar las medidas pertinentes para asegurar el bienestar de los menores involucrados y determinar si se está ejerciendo una paternidad responsable donde la o el menor esté libre de conductas violentas que impidan su sano desarrollo.
La iniciativa, remitida a las comisiones unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión, también está suscrita por diputados integrantes del PVEM y de Morena.