En la Mesa de Diálogo “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo Federal”, expertos independientes propuestos por los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PVEM y PRD externaron sus puntos de vista sobre el documento que la Cámara de Diputados recibió el pasado 26 de marzo.
Comprender alcances de la iniciativa del Ejecutivo
El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, mencionó que las aportaciones en la Mesa de Diálogo serán importantes en el análisis y, en su momento, dictaminación de la iniciativa.
Preguntó cómo ha afectado el huachicol a la importación de combustible en Nuevo León. Solicitó opinión respecto a los marcadores de combustible y los actuales sistemas de medición de hidrocarburos y petrolíferos.
El coordinador del Grupo de Trabajo de Hidrocarburos de la Comisión de Energía, diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena), señaló que las experiencias y aportaciones de las y los participantes ayudarán a comprender de mejor manera los alcances de la iniciativa del Ejecutivo.
Diputadas y diputados exponen inquietudes a ponentes
Ana Lilia Guillén Quiroz, diputada de Morena, cuestionó de qué manera la iniciativa beneficiaría directamente a los consumidores.
El grupo parlamentario de Morena inquirió sobre el cambio de negativa ficta, las reformas que se proponen para recuperar la soberanía y seguridad energética, cómo se puede hacer para aumentar la capacidad de almacenamiento, qué es lo que aporta la iniciativa a la medición de petrolíferos y cuál es el impacto que tiene en relación con los empresarios que venden combustible.
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) preguntó si la iniciativa desplaza al sector privado integrado a las actividades petrolíferas, si desde el punto de vista jurídico tiene elementos de inconstitucionalidad y qué opciones le ofrecerá a los pequeños gasolineros, al no existir permisos por parte de las autoridades. Pidió conocer si la reforma va a provocar disminución de la inversión nacional y extranjera en la materia.
Cuestionó si se considera que la negativa ficta transgrede en forma directa los derechos fundamentales de seguridad jurídica y el debido proceso establecidos en la Constitución. Solicitó explicar si la iniciativa cuenta con elementos claros y suficientes para que se cumpla con la capacidad de almacenamiento y de no ser así cuáles serían los criterios necesarios.
La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) preguntó cómo ayudará este cambio a combatir el robo de combustible o el tráfico ilegal. “Si ya hay sanciones establecidas, ¿no es más fácil cumplir la ley?” Consideró que más que ayudar a evitar el robo, evita la atracción de inversionistas en el sector. Cuestionó qué se puede adicionar para mejorar las condiciones de Pemex ante la falta de presupuesto y qué hacer con los funcionarios involucrados en el robo de combustible.
Pidió conocer cuál será la certeza jurídica sobre las inversiones en almacenamiento, transporte y expendio al público de hidrocarburos y petrolíferos, y si la ley propuesta está alineada con lo firmado dentro del T-MEC en lo que se refiere a la expropiación. Cuestionó si se debe adicionar una parte que indique la función de cada agencia o comisión y la pertinencia de hacer autónoma a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para que pueda ejercer su función de origen. Preguntó si la iniciativa busca acrecentar el poder de mercado de las empresas estatales en el sector energético anulando la apertura a los particulares.
El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) subrayó que la instancia legislativa tendrá que citar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para conocer su opinión sobre la iniciativa. Además, pidió detallar cómo ésta afecta las actividades de extracción de petróleo y gas natural; cómo corregir la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de Hidrocarburos.
Dijo que si Pemex sólo produce un tercio del gas natural que consume México, cómo la iniciativa ayuda a incrementar la producción. Cuestionó si la reforma afecta el cumplimiento de tratados internacionales de los cuales México forma parte y si permitirá que Pemex aumente la producción de gas natural, capacidad de almacenamiento de petrolíferos y refinados
También del PRI, el diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado preguntó si la iniciativa, en caso de aprobarse, tendrá el mismo destino en tribunales que la pasada iniciativa preferente interpuesta por el Ejecutivo Federal.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) señaló que la propuesta del Ejecutivo no especifica mecanismos de combate al huachicol, ni al contrabando, además en los últimos años se han aprobado reformas para castigar con penas más altas el robo y tráfico de hidrocarburos. Preguntó: ¿no sería mejor combatir la corrupción al interior del Ejecutivo Federal, incluidas las empresas productivas del Estado?
A su vez, el grupo parlamentario de Encuentro Social quiso saber cuál fue el papel de la medición en los gobiernos anteriores, y cuáles son las principales causas que impiden que se establezca una política de medición en el sector energético.
Del PVEM, la diputada Zulma Espinoza Mata expresó su interés por conocer cuáles son los principales beneficios de la propuesta y, en dado caso, cómo podría mejorarse la iniciativa.
La diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo (PRD) externó su preocupación sobre las modificaciones que se sugieren para que, derivado de la propuesta de reforma, la CRE y la CNH puedan mejorar su operación.
La propuesta de reforma es necesaria y urgente
Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, propuesto por Morena, afirmó que “la reforma es necesaria y urgente, aun cuando es solamente una actualización y armonización con relación a los permisos y no un cambio de paradigma en el sector energético”. Subrayó que la iniciativa es precisa y tiene propósitos claros, dirigidos, definidos, alcanzables y medibles.
Detalló que se restringe el acceso a la energía debido a la corrupción y robo de combustible, y consideró que debe fortalecerse a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad, asegurar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, buscar disminuir el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y combatir la corrupción.
Comentó que lo que se propone es que realmente se analice cada uno de los permisos. Indicó que “uno podría pensar que va a ser una amenaza para los inversionistas porque se van a revisar los contratos, pero no deben tener miedo”. Estimó que sí se puede mejorar esta ley, “pero sería más dura”.
Evitar la discrecionalidad y dar fortaleza al nuevo marco jurídico
César Humberto Cadena Cadena, presidente de Clúster Energético de Nuevo León, propuesto por el PAN, refirió que respecto al artículo 57 “sienten temor” de que algunos artículos de expropiación o requisa queden discrecionales. En cuanto al artículo 53 dijo que si la decisión es la “negativa ficta”, están a favor.
Sugirió que en el artículo 59 Bis se establezca que las resoluciones las realice una autoridad jurisdiccional, es decir, con facultades para juzgar, como un juez de distrito o magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para evitar la discrecionalidad y darle fortaleza al nuevo marco jurídico; en el artículo Cuarto Transitorio propuso fijar un plazo de 30 días para la revocación de los permisos que incumplan con el requisito de almacenamiento.
En una de sus respuestas, refirió que se arriesga confiando en que es un país de leyes. Recurrir al extranjero para que rija nuestras leyes no es el camino correcto; “debemos esperar la justicia en nuestras propias leyes”. Agregó que en Nuevo León el contrabando empezó por ferrocarril y afectó al grado de que había días en que Pemex casi no vendía. Consideró que la ley pondrá orden respecto a que se necesita construir infraestructura.