Cd. de México, México.-El diputado Mario Delgado propuso que el Estado sea responsable patrimonial en caso de que el acoso escolar dañe a niños y adolescentes, y garantice el pago de una indemnización.
El coordinador de la bancada de Morena afirma en su iniciativa que el Estado debe garantizar un ambiente libre de violencia y cuando los educandos sean víctimas de acoso escolar, hay incumplimiento por parte del Estado mismo.
“Esta responsabilidad no se limita a las escuelas públicas. Toda vez que el Estado tiene la facultad de autorizar la impartición de servicios educativos por parte de particulares, la responsabilidad en la materia también existe cuando la violencia ocurre en instituciones de educación privada”, explica en la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria.
En la propuesta se precisa la responsabilidad que tiene el Estado frente a los casos de acoso escolar, sin excluir cualquier otra responsabilidad u obligación que tienen otros agentes involucrados y obligados a garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia, como los son las madres y padres.
En la Ley General de Educación se agrega un Título Décimo Segundo De la Responsabilidad, las Sanciones y los Recursos Administrativos
En el artículo 170 se señala que el Estado está obligado a promover y garantizar entornos educativos integrados, seguros y libres de violencia, donde los educandos puedan desarrollar sus aptitudes y competencias.
“El incumplimiento a esta obligación dará lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del presente capítulo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar”.
En el siguiente artículo se establece que los educandos que “resientan” la actividad administrativa irregular de las autoridades educativas o sufrieren daño en sus bienes, derechos e intereses, tendrán derecho a una indemnización, que sufragará el Estado a través de la autoridad educativa competente.
Tratándose de la educación impartida por particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el Estado será responsable, a través de la autoridad educativa competente, por los daños que se ocasione por el acoso escolar, agrega la iniciativa.
Cuando el daño se cause en el entorno escolar de instituciones privadas que, sin la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, prestan el servicio de educación, “se repuntará responsable al Estado a través de la autoridad educativa competente”.
“La indemnización tendrá como objetivo la reparación integral del daño, personal y moral, presente y futuro, además de un efecto preventivo de las conductas dañosas”, se lee en el texto firmado por Delgado.
“El procedimiento para la reclamación se llevará a cabo conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado”.
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se propone una reforma al artículo 59, donde diga que las autoridades competentes llevarán a cabo acciones para promover y garantizar entornos educativos libres de violencia y habrá mecanismos de protección.
“El incumplimiento a lo anterior dará lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del Título Décimo Segundo, Capítulo I de la Ley General de Educación, sin perjuicio de analizar la responsabilidad de carácter civil de quienes ejerzan la patria potestad o tutela en razón de la culpa in vigilando”, se puntualiza.