El líder petrolero Carlos Romero Deschamps no ha podido mover dinero de sus cuentas bancarias desde el pasado lunes 14. Allegados al dirigente afirmaron que se encuentran congeladas.
El viernes 11, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió requerimiento de información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, (oficio 110/E/445/2019) sobre las cuentas bancarias de Romero Deschamps e incluso de su esposa e hijos.
La UIF argumentó que todos ellos se encuentran en calidad de investigados, en una indagatoria por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Conforme fuentes oficiales y de allegados al dirigente petrolero se espera que el también ex senador deje la dirigencia sindical petrolera en las próximas horas en medio de las indagatorias en su contra.
Aunque la UIF no confirmó el bloqueo, asesores jurídicos de Romero explicaron a REFORMA que las cuentas del dirigente y su esposa Blanca Rosa Durán, así como de sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, fueron congeladas desde el pasado lunes.
Esto ocurrió luego de que el pasado viernes Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibió las solicitudes de la Unidad mediante diversos oficios.
Ayer por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo mejor es que Romero Deschamps renuncie a la dirigencia del sindicato petrolero para enfrentar las acusaciones en su contra.
“Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía. Pienso que él, que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad, o un servidor público, lo mejor es no involucrar las instituciones”, dijo.
Conforme a los datos obtenidos, Romero Deschamps suma ya 9 denuncias ante la FGR, algunas de la UIF y una de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Los informes consultados refieren que la UIF presentó sus querellas por un presunto lavado de Romero Deschamps y familiares por alrededor de 74 millones de pesos.
En el caso de la denuncia de la SFP, se trata de un presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos, a través de operaciones en tarjetas bancarias y dinero en efectivo, entre el 2012 y 2018.
El pasado 23 de julio Reforma publicó que la Fiscalía Anticorrupción investigaba al líder sindical y su familia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado.