Las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.
El documento, avalado por 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, establece que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. Asimismo, su admisión, promoción y reconocimiento, se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Reconoce a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se avala su contribución a la transformación social. Los docentes tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
Refiere que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
Indica que, en ningún caso, se afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Además, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales.
También se establece que el Estado garantizará la educación inicial y superior, y le corresponde la rectoría de la enseñanza que, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
La formación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Asimismo, fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, libertades, la cultura de paz, a la naturaleza y promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de aprendizaje.
Subraya que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
Agrega que el Ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la enseñanza básica y normal en toda la República; estos tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá la historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas de nuestro país, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la literacidad y el cuidado al medio ambiente.
En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales.
También precisa que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, y el Estado apoyará la investigación e innovación humanística y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes.
El documento crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional.
Considera obligación de los mexicanos ser responsables de que sus hijas o hijos menores de dieciocho años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, así como participar en su proceso formativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.
En los artículos transitorios, el dictamen manifiesta que a partir de la entrada en vigor del decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al decreto.
Asimismo, hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública.
Se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Además, quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de los docentes en el servicio.
El dictamen abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; sin embargo, señala que los derechos laborales de los servidores públicos de ese instituto se respetarán conforme a la ley.
Agrega que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo al que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del Decreto, así como las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.
Otro transitorio refiere que en el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en materia de educación superior, establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional, la actualización de sus planes y programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, destacó que el dictamen es resultado de un extraordinario trabajo; es un ejemplo de cómo legislar de manera transparente. “Es un momento importante para el país y para sentar bases de un acuerdo político muy amplio a favor de la educación”.
El también coordinador del grupo parlamentario Morena, dijo que el documento es trabajo de muchas horas y realizado por varias propuestas, que integraron un texto que genera la simpatía de las mayorías.
El legislador reconoció la labor de las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, además de manifestar el compromiso de que “en el tramo que falta se va a continuar escuchando a todas la voces y todos los planteamientos”.
La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), afirmó que los tiempos de transformación del país exigen que las cosas se realicen de manera diferente, pues en el análisis de la iniciativa del Presidente de la República se ha privilegiado el diálogo y la construcción de consensos.
“Estamos hablando de una de las reformas más importantes de este gobierno para construir un acuerdo educativo nacional: hemos hecho las cosas diferentes, hoy se ha escuchado a todo mundo y lo que se tiene como proyecto de dictamen es una construcción colectiva que recoge el sentir, expresiones y propuestas de todos los sectores”, añadió.
Precisó que hubo un sinfín de propuestas a partir de foros, de las audiencias públicas y el dictamen también atiende en su conjunto a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República; de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD; de las y los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), Julieta Macías Rábago (MC), Erik Isaac Morales Elvira (Morena) y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC).
De la Comisión de Puntos Constitucionales, su presidenta, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena) reconoció la disponibilidad que han tenido los integrantes de los grupos parlamentarios, pues este dictamen proyecta los intereses de las y los legisladores.
Hay interés de los diputados de construir y fortalecer el sistema educativo. “Esta reforma es progresista y sin duda pone a las niñas, niños y jóvenes en el centro, ya que son prioridad para esta legislatura ante otros temas de las agendas”.
En los posicionamientos, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) expresó que esta reforma no debe contemplar aspectos administrativos ni laborales sino meramente educativos. Planteó cambios al dictamen sobre el funcionamiento y organización de la creación del sistema nacional de mejora continua de la educación, para que sean llevados a una ley secundaria.
El diputado Javier Salinas Narváez (Morena) subrayó que el dictamen incorpora los reclamos más importantes de los profesores y con la reforma se avanzará en la eliminación de las evaluaciones punitivas, asegurando el debido respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Se reinstalarán a los profesores a raíz de la reforma de 2013, tendrán derecho a un sistema de formación y actualización gratuito y se revalorará su función como eje para la transformación del país, mediante el Sistema Nacional de Mejora Continua.
De la misma bancada, el diputado Pablo Gómez Álvarez señaló que la función educativa no corresponde a los sindicatos, sino a los maestros, “ellos son los educadores, no es una cuestión de orden gremial”. Precisó que los sindicatos tienen elevadas funciones que deben cumplir, pero no la de educar, ésa es del magisterio y es el que debe decidir cuándo se es apto para un puesto directivo. Subrayó que lo que se debe poner en la ley es la manera en cómo los maestros van a determinar las directrices de la función educativa.
Carmen Patricia Palma Olvera, diputada de Morena, subrayó que los maestros no son una empresa sino trabajadores de la educación y destacó que en esta Cuarta Transformación las relaciones laborales deben regularse por el 123 constitucional, para salvaguardar garantías de los maestros, por ello, “presentaré reservas”.
La diputada Estela Núñez Álvarez (Morena) destacó que hoy se da muestra del consenso en esta cámara y de los resultados del Parlamento Abierto. Se rescata, dijo, la equidad hacia los sectores más vulnerables, como son los indígenas y la enseñanza especial; establece la obligatoriedad de la educación media superior y superior, así como la inicial, y prevé que sea inclusiva y basada en la dignidad de las personas.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves (Morena) aseguró que el proyecto contiene lo fundamental y llamó a superar el pasado y ver hacia el futuro. “Estaremos atentos a que se lleve a cabo lo que se propone en esta reforma constitucional como el tema de la asignación de recursos, infraestructura para las escuelas, entre otras cosas que hacen falta”.
También de Morena, la diputada Idalia Reyes Miguel hizo un reconocimiento a los maestros que defendieron a costa de su vida la educación pública. Lamentó que aún se mantengan vestigios de la Reforma de 2013, “cuando se dijo que ni una coma iba a quedar”.
La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), secretaria de la Comisión de Educación, reconoció que el dictamen es logro de todos los grupos parlamentarios y adelantó que reservará para su discusión particular el Artículo Decimosexto Transitorio para mejorarlo, pues “tiene lo mejor de la reforma educativa. Señaló que la legislación vigente ha hecho mucho daño a la educación, estudiantes y docentes y se pronunció por terminar con la venta y la compra de plazas que se dio en sexenios anteriores.
El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena) destacó que con este dictamen hay una ampliación de derechos, a la educación inicial, a educación superior y al reclamo de los maestros de un sistema de actualización y acceso a mejores posibilidades. Indicó que el dictamen debe tener modificaciones, pero aclaró: “nos lleva a buscar construir una mayoría que dé certeza, futuro y esperanza al país de que puede ser mejor y que cada estudiante puede aspirar a la movilidad social mediante la educación.
El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena) reconoció que el dictamen abroga la legislación vigente, elimina el INEE y la Ley del Servicio Profesional Docente; reconoce los derechos laborales de los maestros con un sistema de formación y actualización y establece candados “porque tampoco queremos regresar al pasado, a la venta de plazas”. La reforma, apuntó, “no fue una simulación, fue un diálogo, una apertura de parlamento abierto y logramos terminar con la opacidad de otros años en el sistema educativo nacional”.
La diputada Lidia García Anaya (Morena) afirmó que el proyecto contiene mucho trabajo de consenso con todos los actores políticos y educativos que participaron en los foros organizados en la Cámara de Diputados. Dijo que esta reforma da prioridad a docentes, niñas, niños y adolescentes; busca recobrar la dignidad y confianza en los maestros; que la educación sea integral, que devuelva a los maestros su estabilidad laboral “y dejar atrás la reforma vigente, por demás punitiva”. Además, restituye la Fracción VII del artículo 3° constitucional, en relación a la autonomía universitaria.
La diputada María Chávez Pérez (Morena) dijo que la reforma de la administración pasada alteró el presupuesto con la corrupción y la venta de plazas. Sobre el instituto que se va a formar, dijo, se le va a dar legitimidad a la Secretaría de Educación Pública. “Esa autonomía no es para que hagan y deshagan con los recursos económicos, porque le pertenece a las niñas y niños de México”.
De la bancada de Morena, la legisladora Flor Ivone Morales Miranda señaló que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual se encargará de emitir los lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar.
Su compañero de partido, Azael Santiago Chepi, comentó que debe regular la promoción, ingreso y reconocimiento de los docentes con mecanismos transparentes y equitativos, en donde precisamente se encuentre lo laboral, apartando lo eminentemente educativo.
De la misma bancada, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, señaló que el dictamen establece la igualdad sustantiva como parte de los fines y criterios de la educación, en donde el objetivo fundamental será lograr la igualdad de hecho y no solamente de derecho, entre los diferentes grupos sociales en relación con el resto de la población.
Por su parte, el diputado Edgar Guzmán Valdés (Morena) aseguró que se da cumplimiento a un compromiso de campaña y a la aportación de una herramienta necesaria para la consolidación del sistema educativo, fruto del esfuerzo conjunto de un ejercicio plural e incluyente.
En su oportunidad, el diputado Lucio Ernesto Palacios (Morena) resaltó el esfuerzo colectivo de las partes por llegar a una verdadera Reforma Educativa. Es una confección de política de Estado hacia la juventud en el país, el combate a las desigualdades regionales, socioeconómicas y de género, el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que nos pone en estándares internacionales.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez (Morena) aceptó la evaluación como la forma de reconocer áreas de oportunidades en la práctica docente, celebró la inclusión del texto que señala que la evaluación será diagnóstica, formativa e integral del sistema educativo nacional para avanzar en la mejora educativa.
María Marcela Torres Peimbert, diputada del PAN, pugnó por una educación de calidad y que el Estado tenga la rectoría. Destacó la trascendencia de mantener la autonomía de un órgano que diera fortaleza y debilidades del sistema educativo, con el fin de enriquecerlo; conservar un servicio de carrera imparcial, abierto, transparente y equitativo, e incluir una evaluación diagnóstica y no punitiva. Con el fin de velar por el interés superior de niñas y niños, “estamos dispuestos apoyar este dictamen, siempre y cuando se hagan ajustes”.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) indicó que su grupo parlamentario avalará el dictamen porque respalda la rectoría del Estado en todo el sistema educativo; se mantienen los concursos de selección y un proceso de méritos, evaluaciones y meritocracia para quienes quieran realizar una carrera docente. Sin embargo, aclaró que “no vamos a permitir que transite” si no se modifica la redacción del Décimo Sexto Transitorio porque queda ambiguo y “puede caer en el viejo régimen de corrupción y donde unos líderes sindicales decidían a dónde iban las plazas”.
La diputada panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas destacó que en el proyecto se incorporan nuevos criterios, como es la equidad, la inclusión, la interculturalidad, integralidad y garantiza la rectoría en materia educativa. Pidió no regresar a la época de venta y herencia de plazas. “Revaloricemos al magisterio, trabajemos por el interés superior de la niñez”.
Del mismo partido, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal hizo un reconocimiento a las presidentas de las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales por su institucionalidad en la dictaminación; sin embargo, externó su preocupación del impacto presupuestario por la incorporación de las artes y música, y por la garantía del Estado al acceso a la educación superior.
Martha Hortencia Garay Cadena, diputada del PRI, argumentó que su grupo parlamentario acompaña este dictamen, principalmente al garantizar el interés superior de la niñez y adolescentes; elevar a rango constitucional el derecho de los maestros a la formación, capacitación y actualización a la medida de sus capacidades; que la educación de calidad sea para todos; establecer la obligación de Estado a garantizar la formación superior, y el cambio de la enseñanza especial a la forma inclusiva.
La diputada Cintia Iliana López Castro (PRI) se congratuló por los logros alcanzados, como la recuperación y el fortalecimiento de la presencia de la educación inicial en el Artículo 3ro Constitucional. Se recuperó, dijo, la redacción íntegra de la fracción séptima relativa a la autonomía universitaria, así como las referencias al aprendizaje como elemento central del derecho a la educación de calidad. “Logramos fortalecer las funciones de un órgano evaluador”.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) indicó que se tiene la responsabilidad de conducir ese proceso de reforma institucional, que permita asentar, en primer plano, el reconocimiento a la función magisterial y establecer esos procedimientos de estímulos y valoración positiva del esfuerzo que hacen los docentes en las aulas y en los sistemas educativos. “El Estado tendrá como reto la gratuidad de la educación, pero con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva con perspectiva de género y con una orientación integral que plantee una educación inclusiva”.
Por el PT, el diputado José Luis Montalvo Luna resaltó que si bien el dictamen contempla propuestas de los trabajos previos, aún falta. Hizo votos por considerar al personal de orientación educativa, asesores técnicos pedagógicos, pedagogos e investigadores que forman parte sustancial de las instituciones.
En tanto, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) subrayó que esta reforma revalora el papel de los maestros como agentes en el proceso educativo y reconoce su contribución a la trasformación social; se deroga la Ley del Servicio Profesional Docente y la del INEE. Estimó que el Décimo Sexto transitorio debe tener una consideración más de lo que ya establece, ya que toda la parte educativa, admisión, promoción y reconocimiento de los maestros debe quedar claramente como un asunto académico y reconocido en el Artículo 3º constitucional, por lo que anunció que presentará una reserva.
Del PRD, la diputada Abril Alcalá Padilla resaltó que este dictamen enaltece el interés superior de la niñez y tiene amplio consenso de los grupos parlamentarios. “Hoy no congratulamos porque se pone al centro el contenido educativo, así como la enseñanza de la niñez y de la juventud; se va a educar para la vida”.
Por la bancada del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo indicó que el dictamen reconoce la importancia del cuidado al ambiente. “Es un gran avance, pues se empiezan a dar pasos para consolidar en las nuevas generaciones la importancia de su cuidado” y considera la relevancia del tema porque de él depende la subsistencia y la salud de todos los mexicanos.
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