La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública tiene por objetivo implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
La UIF trabaja a partir de dos modelos; por un lado, el modelo reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano: por el otro, el modelo proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero.
En ese sentido, se han desarrollado modelos de riesgo para atender temas vinculados con robo de hidrocarburos, así como temas relacionados con trata de personas y con financiamiento ilícito a las campañas electorales.
Con base en esta última línea, el día de hoy se expuso el caso de una campaña sucia orquestada por empresas privadas, dependencias del anterior gobierno federal y un gobierno estatal en el proceso electoral federal de 2017-2018 que tuvo como uno de sus productos la serie del ‘Populismo en América’
De acuerdo a información se identificó que “La división” perteneciente a Piña Digital, es la realizadora del documental. Por otra parte, quien es el director del documental es además accionista de dicha empresa. La empresa CONAXIS SA DE CV envió a Piña Digital $18,500,000.00 de pesos y $34,000,000.00 a una intermediaria para entregar a Alejandro Jesús Quintero Iñiguez la cantidad de $418,000.00 dólares. Además, Bufete de proyectos Información y Análisis SA de CV envió $47,900,000.00 a Grupo Tv Promo, propiedad de Alejandro Quintero. Se identificó que la empresa Bufete de Proyectos de Información recibió 186 millones de pesos provenientes de la empresa OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación.
Los recursos recibidos por el bufete, fueron entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto “Populismo en América”.
La Ley en Materia de Delitos Electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en dinero o en especie, las campañas electorales, primero de recursos procedentes de la delincuencia organizada, segundo por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley, pero tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo el principio de que financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado.
En particular, se encontró que la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales.
Además, el artículo 41 constitucional prohíbe a terceros comprar espacio en radio y televisión para hacer proselitismo en favor o en contra de candidatos, por tanto, se dará por un lado vista al Instituto Nacional Electoral para efecto de que el ejercicio de sus facultades de fiscalización determine lo que conforme a derecho corresponda.
Además, se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por presunta violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y finalmente se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación.