La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) propuso exhortar a las comisiones nacionales para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y Bancaria y de Valores (CNBV), para que verifiquen el cumplimiento de las normas de seguridad en operaciones y movimientos de recursos financieros con tarjetas de crédito y prepago, a fin de evitar extorsión, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, indicó que se incrementaron en el último año las denuncias por extorsión o secuestro virtual o exprés, debido al uso de tarjetas emitidas por tiendas de conveniencia.
Estos comercios, en corresponsabilidad con instituciones bancarias, han ampliado sus actividades para recibir pagos por servicios, envíos de dinero, apertura de cuentas y emisión de tarjetas de débito sin cumplir la normatividad, los procedimientos o protocolos para identificar a los titulares y a quienes les depositan.
Esta situación ha facilitado la comisión de delitos e impedido su investigación y persecución, además de que abre un espacio de impunidad para la delincuencia.
Mariana Rodríguez refirió que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México construyó en siete años un banco de datos con más de 84 mil números telefónicos activos y más de 11 mil cuentas bancarias, también activas, en las que se depositan cantidades que van de 500 a cinco mil pesos en promedio “para intentar y lograr extorsionar”.
A nivel nacional –apuntó– este tipo de cuentas y tarjetas bancarias son utilizadas por el crimen organiazado como medio para lavar dinero en montos pequeños.
De acuerdo con especialistas en el tema existen riesgos de que se introduzcan recursos de procedencia ilícita al sistema financiero por medio de estos comercios bajo la figura de comisionistas, conocidos como corresponsales bancarios, “sin atender la regulación bancaria en materia de seguridad, pero sobre todo sin la verificación de las autoridades del cumplimiento de dichas medidas”.
La diputada resaltó que el incumplimiento de las medidas de seguridad “ha permitido que delincuentes reciban dinero en una cuenta en la que no existen documentos verificables de los datos del cliente o de los receptores de transferencias; tal es el caso de los productos financieros de fácil acceso que se pueden adquirir sin los requisitos mínimos de seguridad.
Desde 2009 la Cámara de Diputados aprobó reformas para establecer la figura de comisionista o corresponsal bancario, y en 9 años se ha fortalecido el marco regulatorio con medidas de seguridad para evitar delitos de extorsión y lavado de dinero. Además, el gobierno federal emitió las Reglas de Carácter General que determinan los requisitos de seguridad para la emisión de tarjetas bancarias, recordó.
En tanto, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas de Carácter General en materia de Prevención de Actividades Ilícitas y de Lavado de Dinero, establece políticas de identificación del cliente que incluyen medidas y procedimientos para la verificación y actualización de datos; de esta manera, las instituciones bancarias y sus corresponsales tienen la obligación de integrar un expediente para cualquier apertura de cuenta o de contrato.
Sin embargo, a pesar del amplio marco regulatorio falta el cumplimiento por parte de los corresponsales bancarios, y es grave la omisión de la Condusef y la CNBV como entidades responsables de la verificación del acatamiento de las normas de seguridad, específicamente para la supervisión y aplicación de acciones correctivas.
Por ello, la legisladora propuso hacer un llamado a ambos organismos para garantizar el debido cumplimiento del artículo 115 por parte de los comisionistas o corresponsales bancarios, tiendas de conveniencia, así como de instituciones bancarias relacionadas; además de llevar a cabo las investigaciones necesarias y brindar información al respecto.
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