El combate a la corrupción es uno de los compromisos signados por las nuevas administraciones publicas en el ejercicio del poder, tanto de quienes han llegado ya al panorama Tamaulipeco, como de quienes están por arribar en el nuevo sistema político federal.
Hemos padecido por diversas épocas, y de manera más reciente, este problema que tiene su origen en la falta de operación de los órganos de impartición de justicia al estar subordinados por intereses que van en contra de los de la ciudadanía.
El ejercicio equivoco de las responsabilidades cívicas y constitucionales de quienes detentan un cargo público, rompe el estado de derecho que es la función básica para la que existen los estados; como el mexicano.
Sus consecuencias son abrumadoras desde la incertidumbre cotidiana en el desenvolvimiento de las tareas y actividades hasta la baja en la inversión ya que impide la competitividad ante la ausencia de un marco jurídico que se respete; prueba de ello, nuestro país ha sido degradado como uno de los países con menor crecimiento en América latina.
Naciones que se han quejado de la falta de transparencia de nuestras instituciones como China, pidió una indemnización de 600 millones de dólares ante la cancelación del tren México – Querétaro; siendo este uno de los diversos ejemplos que nos hacen ver que el respeto a los compromisos y las reglas, son necesarias, para darle certeza a los inversionistas, y en consecuencia ello mejore nuestra economía.
Según el informe de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, De 2008 a 2015, México cayó 23 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo cual muestra una caída abrupta en el indicador. En un sentido similar, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ubica a México como el decimotercer país más corrupto del mundo de 135 países evaluados.
Mientras siga siendo más gratificante recorrer por los caminos de la corrupción que los de la legalidad seguiremos en una ola de violencia, ya que la corrupción representa igualmente la impunidad.
El cambio administrativo en las instituciones de gobierno es un revulsivo contra estas prácticas, donde la ciudadanía ha ejercido su derecho al voto y ha cambiado los colores partidistas en el territorio nacional.
En el anterior año de gobierno en Tamaulipas, se obtuvieron 33 órdenes de aprensión contra servidores públicos de parte de la nueva administración albiazul y se cumplimentaron de estas 24; hechos con los que el fiscal anticorrupción Javier Castro Ormaechea se ha fajado para dar resultados y credibilidad.
Este es un problema de carácter global que gradualmente se ha venido presentando en las diversas latitudes y no es exclusivo de nuestro país, pero que dadas las circunstancias estamos en un estado de vulnerabilidad mayor que en otras regiones.
De parte de la entrante administración Obradorista, la lucha contra la corrupción fue uno de sus ejes de campaña, y ya a inicio de este mes, se presentó la iniciativa para terminar con el fuero constitucional de legisladores y servidores públicos, además los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana” que presentó en julio, de estas son 16 lasque se relacionan directamente con el combate a la corrupción, lo que nos advierte de un intento claro por disminuir este flagelo de la vida nacional y cumplir con este compromiso.
Apreciado lector, tenga un excelente día, nos leemos la próxima.
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