- A instancias de ambas instituciones, participaron 267 dependencias federales y se logró el compromiso de las 32 entidades federativas.
- El número de denuncias contra de servidores públicos se redujo 70 por ciento, en comparación con los tres procesos electorales anteriores.
La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) coordinaron la estrategia e implementación de Blindaje Electoral más grande que se haya realizado, dado el número de cargos públicos que se eligieron en el proceso electoral 2017-2018.
En dicha estrategia participaron un total de 267 dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y se logró la firma del compromiso por parte de 32 entidades federativas. A nivel municipal, la adhesión al blindaje electoral se suscribió con la Conferencia Nacional de Municipios de México.
Derivado de estas acciones, las denuncias en contra de servidores públicos presentadas ante la FEPADE se redujeron 70 por ciento, respecto de los tres procesos electorales anteriores.
Como parte de la estrategia conjunta para inhibir la comisión de delitos electorales, la SFP incluyó en la Guía de Gobierno Abierto 2018 un capítulo de Blindaje Electoral. Por su parte, la FEPADE diseñó las acciones relacionadas con la prevención de conductas ilícitas, en materia penal electoral.
Además, como parte de sus acciones en materia de Contraloría Social, la SFP impulsó la creación de 25 mil 878 Comités de Contraloría Social, integrados por 107 mil 940 beneficiarios de programas sociales: hombres y mujeres que vigilan apoyos, obras o servicios.
Estos resultados se presentaron durante la reunión que sostuvieron la Titular de SFP, Arely Gómez González; y el Titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana.
El Programa Nacional de Blindaje Electoral permitió a las instituciones públicas tener certeza sobre alcances y límites de la actuación de sus empleados en el proceso electoral, y dio seguridad a los ciudadanos de que los recursos y programas de los gobiernos no serían utilizados con fines electorales.