El paquete de modificaciones a las leyes secundarias electorales ha despertado gran controversia en el país, polarizando el debate público.
Después de un breve retraso, el Gobierno de México finalmente publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el paquete de reformas electorales, conocido como ‘Plan B’, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa fue aprobada por el Senado el 22 de febrero, con 70 votos a favor y 50 en contra, y remitida al Ejecutivo para su evaluación y publicación. Se esperaba que el proyecto fuese publicado el lunes, pero por retrasos que el presidente dijo desconocer, la reforma no fue promulgada sino hasta la madrugada del 2 de marzo.
El paquete modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además de que expide una nueva normativa: la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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El camino hacia la reforma
La propuesta original de López Obrador, planteada en abril de 2022, incluía cambios al sistema electoral, como la reducción del numero de legisladores en el Congreso y la sustitución del actual órgano electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Desde un inicio, el proyecto despertó gran polémica en el país. La oposición acusó que la propuesta buscaba debilitar al sistema electoral y a la democracia mexicana para favorecer al partido oficialista, Morena, de cara a las elecciones de 2024. Por su parte, el presidente sostuvo que los cambios eran necesarios para evitar fraudes y reducir el costo de las votaciones, tras calificar a los detractores de ser corruptos y aliados del viejo régimen neoliberal.
Luego de que el año pasado se llevaran a cabo dos marchas masivas a favor y en contra del proyecto, la primera versión de reforma fue rechazada en el Congreso el pasado diciembre, por no alcanzar la mayoría necesaria entre los legisladores.
Frente a ese escenario, López Obrador remitió otra propuesta al Congreso, el llamado ‘Plan B‘, para modificar leyes secundarias en materia electoral, que solo requieren ser aprobadas por mayoría simple y no calificada, como exigía la iniciativa original. Tras meses de debate en ambas Cámaras, los legisladores finalmente aprobaron el paquete, el cual tampoco recibió el favor de los opositores.
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¿Qué cambios introduce el ‘Plan B’?
A pesar de que se eliminaron los cambios más drásticos al sistema, el ‘Plan B’ incluye lineamientos que siguen sin gustar a la oposición.
Según los críticos al Gobierno, la reforma adelgaza el presupuesto, órganos y funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que elimina las 300 Juntas Distritales y reduce la estructura de los 32 Organismos Públicos Locales, los órganos permanentes del INE para la ejecución y soporte técnico de las actividades electorales.
El paquete también elimina la Junta General Ejecutiva del INE, uno de los máximos órganos al interior del instituto, y reduce los tiempos y procesos de momentos clave de la jornada electoral, como la capacitación del personal de casilla y el conteo de votos por cómputo.
A pesar de que la actual reforma no incluye la llamada ‘cláusula de la vida eterna‘ de los partidos políticos, que permitía la transferencia de votos entre ellos para mantener su registro, la oposición aún advierte de supuestas afectaciones a la estructura partidista. Una de ellas, la modificación del modelo de fiscalización, que ahora impide a los partidos utilizar los remanentes de sus recursos en subsecuentes ejercicios fiscales.
Los cambios también prohíben al INE intervenir en la elección interna de dirigentes y candidatos de los partidos, lo que, según señalan, ayudó a resolver conflictos dentro de las organizaciones políticas.
López Obrador, sin embargo, ha defendido la pertinencia de los cambios para evitar la corrupción de las elecciones y la reducción de los costos, en tanto que ha señalado que el trasfondo de las críticas no es la reforma, sino la próxima elección federal de 2024.
¿Qué sigue?
A pesar de la “necesidad” de dichas reformas, el mandatario señaló este jueves que “es muy probable que el poder judicial anule la ley”, como ocurrió con otra norma propuesta por el Ejecutivo en materia de electricidad.
Durante su acostumbrada conferencia matutina, el presidente defendió que el ‘Plan B’ “no afecta en nada el funcionamiento del INE”, y que lo único que propone es obtener ahorros. “Ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25.000 millones de pesos a las elecciones, las más caras del mundo”, defendió el mandatario, quien volvió a arremeter contra la oposición.
Por lo pronto, la SCJN ya admitió dos controversias sobre la primera parte del paquete de reformas electorales, publicado el pasado diciembre, la cual modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa.
Se espera que el próximo 18 de marzo los aliados y seguidores del presidente, marchen en la Ciudad de México, en respuesta a una movilización acontecida el pasado domingo en contra de las modificaciones electorales.
Los partidarios marcharan en solidaridad de la “transformación” dirigida por López Obrador hacia la explanada principal del Centro Histórico, el día de la expropiación petrolera, una fecha apreciada por el mandatario.