Es de trascendental importancia para el interés general del país, el llevar el principal discurso y ofrecimiento de campaña del ahora Presidente virtual Andrés Manuel López Obrador, de acabar con la corrupción, y dar ahora ese paso consecuente llevándolo a la práctica, con sus “50 puntos del plan de austeridad y anticorrupción”, expuestos este domingo que tendrán sin duda un alto impacto en el ejercicio administrativo de las instituciones y sus operadores.
Primeramente la modificación del artículo 108 constitucional, con el cual al mismo Presidente se le quitará el fuero para poder ser enjuiciado por actos de corrupción, el cual es un mensaje muy claro y un golpe de autoridad sobre la mesa para los gobernadores, munícipes y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, quedando advertidos de sanciones si recurren a actos de corrupción, en donde además, este delito será catalogado como grave sin derecho a fianza.
Solo basta enumerar esta generación de políticos donde se rompió el record de 7 gobernadores llevados a prisión, y 9 investigados ante instancias de procuración de justicia nacional e internacional, entre estos los 2 prófugos Cesar Duarte de Chihuahua y Jorge Torres de Coahuila, en total suman 16 encarcelados, prófugos o procesados, lo que deja más que vigente y actualizada la propuesta de Obrador.
A esto se le suma el punto 3 donde se pretende erradicar el tráfico de influencias, el punto 4,5 y 6 se consolidaran fiscalías general, la electoral y anticorrupción, que estarán supervisando a las instancias de gobierno de los 3 niveles y las elecciones lo cual es algo novedoso en el organigrama electoral.
Ante este tema del combate a la corrupción, se han escuchado voces de diversos actores políticos y empresariales, donde promovían la figura del fiscal anticorrupción de carácter independiente pero nominado por las organizaciones civiles, lo cual es algo inviable y hasta delicado, ya que sería poner el control del poder judicial en manos de particulares, que obviamente obedecen a intereses que muchas veces no son los de las mayorías, ya que son financiadas por organismos empresariales y carecen de autoridad moral para dirigir de manera imparcial la institución.
Aunque ya la sociedad civil decidió con su voto quien se hará cargo de la impartición de la justicia, designar nuevamente de manera independiente y ajena a los ciudadanos que emitieron su voto, sería desconocer el poder y derecho ciudadano que se ejerció en las urnas, y seguir el protocolo correspondiente donde el presidente de la república propone y las cámaras rechazan o ratifican la designación.
Estas acciones deberán dar resultados de manera inmediata y a mediano plazo, al poner el dedo en la llaga de la corrupción, simplemente respetar la ley, a diferencia de la omisión que caracterizo las administraciones anteriores, generando una explosión de corrupción; solo en el 2017 México cayó 6 lugares en el índice de corrupción y en 2016 fueron 28 lugares. Entre los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó el último lugar.
Querido lector tenga un buen dia, nos leemos en la próxima.
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