Luego de un decreto presidencial emitido a finales de 2020, orientado a eliminar de forma gradual y progresiva el uso de este herbicida, en el Senado se prepara un paquete de reformas de más largo alcance.
México libra una dura batalla contra los plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato, una sustancia tóxica que fue introducida al mercado mundial por Monsanto en 1974.
Luego de un decreto presidencial emitido a finales de 2020, orientado a eliminar de forma gradual y progresiva el uso de este herbicida, en el Senado se prepara un paquete de reformas de más largo alcance.
En primer lugar, se plantea la sustitución de todo plaguicida que las autoridades consideren dañino para la salud y el medio ambiente y, en segundo lugar, se propone establecer un marco jurídico que promueva la adopción de productos alternativos, los denominados ‘bioinsumos’.
Sin embargo, hasta el momento no hay fecha para votar el dictamen en el Pleno. Los legisladores que promueven los cambios a la ley reglamentaria en materia de salud comentan a RT que ha habido mucha resistencia de parte de los gigantes del agronegocio.
En un principio interpusieron recursos judiciales en contra del decreto, pero no obtuvieron resoluciones a su favor. Ahora, con tal de impedir que se aprueben las reformas, se han dedicado a cabildear en el Congreso y lanzar campañas de desinformación.
Las reformas en puerta
Desde 2019 en el Senado de la República varios partidos políticos han presentado iniciativas en materia de plaguicidas.
Entre 2010 y 2019 México importó alrededor de 233.724 de toneladas de plaguicidas altamente peligrosos, de ese total, un 92% se quedó en territorio nacional.
De los grupos parlamentarios que han formulado propuestas destacan las de la senadora Ana Lilia Rivera, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dado que el grueso de ellas se terminó incorporando al dictamen que se discute actualmente en Comisiones.
Las iniciativas de la legisladora del oficialismo están orientadas a cumplir dos objetivos. Primero, disminuir de forma gradual y progresiva los plaguicidas altamente peligrosos. Y, segundo, dotar a los ‘bioinsumos’ de un marco jurídico adecuado para transitar hacia el uso de productos agroecológicos que sean sustentables con el medio ambiente.
En entrevista exclusiva con RT, Ana Lilia Rivera explica que sus propuestas de reforma a la Ley General de Salud son parte de una estrategia integral que busca la consolidación de un nuevo modelo de agricultura.
Este objetivo, detalla, es parte fundamental del proyecto de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, en diciembre de 2020, emitió un decreto para disminuir de manera gradual y progresiva el uso de glifosato y erradicar las semillas de maíz transgénico.
La senadora propone que se establezca en la Ley General de Salud que las autoridades competentes deberán reducir y prohibir los plaguicidas altamente peligrosos con base en estándares internacionales.
En la exposición de motivos, su iniciativa revela que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha reconocido que existen por lo menos 134 registros sanitarios con vigencia indeterminada que incluyen glifosato.
A pesar de que se ha documentado que su uso atenta contra la salud y el medio ambiente, la Cofepris no ha cumplido con su misión de regular, controlar y vigilar la importación de plaguicidas altamente peligrosos, lamenta la legisladora.
El otro eje de las reformas tiene que ver con el establecimiento de un marco jurídico para los ‘bioinsumos’, productos a base de sustancias y procesos naturales que se utilizan en la agricultura, la ganadería y la pesca con probados resultados en la recuperación del suelo y la biodiversidad, así como en el aumento de los niveles de materia orgánica y la disponibilidad de minerales.
“La figura de ‘bioinsumo’ no existe como tal en México, entonces cómo vamos a poder impulsar políticas que nos permitan adoptar productos alternativos (a los plaguicidas altamente peligrosos) si no tenemos forma de incorporarlos en las compras consolidadas del Gobierno, en los programas sociales, etc.”.
Su propuesta consiste en crear un marco regulatorio en materia de ‘bioinsumos’ como parte de la Ley General de Salud para que se promueva su formulación, importación, aprobación, comercialización, distribución y aplicación.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), entre 2010 y 2019 México importó alrededor de 233.724 de toneladas de plaguicidas altamente peligrosos, de ese total, un 92% se quedó en territorio nacional.
El glifosato no es el único agrotóxico. De entre las 36 sustancias que se importaron durante ese período destacan Paraquat, Atrazina, Metamidofós, Cloropicrina y Terbufós, todas ellas prohibidas en más de 30 países, según el estudio elaborado por el INECC.
Las reformas en materia de plaguicidas no han tenido un camino fácil y nada asegura que llegarán a buen puerto. Una y otra vez se ha postergado la presentación de un dictamen definitivo en el Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación.
José Narro Céspedes, senador de Morena que respalda la iniciativa de Ana Lilia Rivera, comenta que son muchas las resistencias porque lo que está en juego no es una normativa cualquiera, sino “un cambio de modelo para el campo” que terminará afectando los negocios de los gigantes del agro.
Intereses en juego
Ana Lilia Rivera, senadora por el estado de Tlaxcala, revela que el país más beneficiado ante la perdida de seguridad alimentaria de México es EE.UU.
Si bien admite que tratados de libre comercio como el suscrito con EE.UU. y Canadá (T-MEC) han aumentado la dependencia hacia el exterior y provocado graves daños al sector primario, considera que aún existe “margen de maniobra” para que México vuelva a ser autosuficiente.
El mercado de alimentos, sostiene la morenista, es estratégico y constituye un asunto de seguridad nacional. Cita a Henry Kissinger, extitular del Departamento de Estado norteamericano: “quien controla la comida, controla la gente; quien controla la energía, controla los Continentes; quien controla el dinero, controla el mundo”.
“El presidente López Obrador está librando una franca disputa de poder, no está jugando ni simulando, está defendiendo los intereses de México frente a una potencia que se hizo del control de nuestro mercado nacional de alimentos, semillas e insumos”.
El plan para eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos no ha sido bien recibido entre empresarios dedicados al agronegocio. En especial destaca la fuerte oposición del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), uno de los organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Durante 2021 se generó una producción de 268,4 millones de toneladas de alimentos del campo, un aumento de un 1,3% con respecto al año anterior.
Frente a las iniciativas que se discuten en el Senado, los integrantes del CNA aseguran que erradicar el uso de agrotóxicos podría llevar a un incremento sustantivo de los precios de los alimentos, e incluso generar una crisis de abastecimiento.
En entrevista con este reportero, Víctor Suárez Carrera, titular de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, desestima los pronósticos del CNA y asegura que México ha demostrado ya que tiene la capacidad para garantizar el suministro de alimentos.
El año pasado, sostiene el ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo, cuando comenzó a reducirse de manera gradual y progresiva el uso de glifosato a raíz del decreto del presidente AMLO, la producción agrícola no solo no se redujo, sino que se incrementó.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, durante 2021 se generó una producción de 268,4 millones de toneladas de alimentos del campo, un aumento de un 1,3% con respecto al año anterior.
Suárez Carrera comenta que el CNA representa el “poder oligopólico de la industria global de agroquímicos”.
El CNA, asegura, está obcecado en la defensa de los intereses de cuatro grandes empresas que se dedican a la producción de agroquímicos: Syngenta, Bayer-Monsanto, BASF y Corteva Agriscience. “El CNA no representa ni siquiera a los agricultores comerciales de gran escala”.
Sobre las quejas de integrantes del CNA, quienes aseguran que desde el Gobierno se ha venido saboteando la importación de glifosato, pese a que el decreto del presidente López Obrador no prohíbe por completo su uso, sino su eliminación gradual y progresiva hasta 2024, Suárez Carrera rechaza las acusaciones del organismo empresarial.
Detalla que, a raíz del decreto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) determina las cuotas recomendadas para la importación del agrotóxico. Estas cuotas, en efecto, dice, se han venido reduciendo año con año.
Sin embargo, Suárez Carrera revela que los empresarios son quienes no han solicitado los permisos de importación. De esta forma, explica, los volúmenes importados de glifosato se han colocado muy por debajo de las cuotas establecidas por el Gobierno.
Se trata de una “campaña de desinformación” auspiciada por las grandes corporaciones del agronegocio, sentencia. “No es la primera vez que el CNA cabildea en el Congreso para defender sus intereses, paga desplegados en la prensa y compra columnistas que difunden opiniones a su favor”.
La disputa de fondo, asevera, es por el modelo de agricultura que México debe adoptar. El decreto del presidente López Obrador, así como las iniciativas de la senadora Ana Lilia Rivera, buscan dar paso a una agricultura de nuevo tipo, explica Suárez Carrera.
No se trata solo de la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos, sino de dar paso a una agricultura que garantice la salud y sea sostenible con el medio ambiente. “Es un proceso de transición que ya está en curso”, concluye.