Se trata de una epidemia sin precedentes. El año 2021 rompió todo récord; se súpero por primera vez la barrera de las 100.000 muertes: 107.521, un incremento de más de un 16 % con respecto al año anterior.
EE.UU. vive una epidemia sin precedentes, de costa a costa, desde New Hampshire hasta California.
Una epidemia que no da tregua. La causa no es un virus, sino una droga sintética 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina: el fentanilo.
El año pasado esta sustancia fue responsable de más de un 66 % de las muertes por sobredosis en la Unión Americana. A este ritmo, cuando acabe 2022 por lo menos 7 de cada 10 muertes por sobredosis estarán asociadas al consumo de este opioide sintético.
Los daños no son solo sobre la salud. El potencial productivo se ha visto socavado y, en paralelo, enfrentar la “crisis de los opioides” se ha vuelto una pesada carga financiera.
Dada su alta letalidad, el fentanilo se ha convertido de facto en un ‘arma de destrucción masiva’ que tiene de rodillas a EE.UU. Así lo reconocen desde las esferas del poder.
Durante 2021 fueron más los muertos por el consumo de esta droga sintética que los soldados estadounidenses caídos durante los 10 años que duró la Guerra de Vietnam, advirtió en julio de este año Ashley Moody, la fiscal general de Florida.
Ni sumando todas las muertes provocadas por todos los ataques terroristas durante el último siglo se superan las del fentanilo en apenas un año, aseguró en septiembre pasado Greg Abbott, el Gobernador de Texas.
Una “crisis humanitaria” que también golpea a la economía
El aumento en el número de muertes por sobredosis pasó de ser una “crisis sanitaria”, a convertirse en una “crisis humanitaria” sin parangón en la historia de EE.UU.
De acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), entre 2007 y 2017 las muertes por sobredosis pasaron de 36.010 a 70.699, esto es, se incrementaron casi el doble.
Los jóvenes abandonan sus estudios y, en consecuencia, dejan de recibir capacitación para el trabajo. Las decenas de miles de muertes, por su parte, también contribuyen a disminuir la participación de la fuerza laboral.
De los decesos registrados en 2017, se calcula que por lo menos 47.885 casos estuvieron relacionados con el consumo de algún opioide.
Entre tanto, el fentanilo ha venido desplazando a la heroína de entre las drogas de mayor consumo en la Unión Americana.
Los opioides sintéticos fentanilo y tramadol fueron responsables de la muerte de más de 28.000 personas por sobredosis a lo largo de 2017.
Ya en 2020, en plena pandemia y con medidas de confinamiento a cuestas, el número de muertes por sobredosis trepó hasta 92.478. De esta cifra, se estima que 56.894 casos se debieron al consumo de opioides sintéticos, esto es, un 61,5 %.
Pero el año 2021 rompió todo récord; se súpero por primera vez la barrera de las 100.000 muertes: 107.521, un incremento de más de un 16 % con respecto al año anterior.
En cuanto a las víctimas fatales por consumo de opioides sintéticos, se calcula que fueron 71.074 (un 66,1 %).
De acuerdo con el Gobierno de EE.UU., durante el último año la curva del número de muertes por sobredosis ha desacelerado su tendencia al alza, no obstante, los datos revelan que la proporción de muertes relacionadas con el consumo de fentanilo ha venido aumentando.
Las consecuencias de la “epidemia del fentanilo” se resienten también en la economía: tanto la adicción como las muertes por sobredosis están socavando el potencial productivo.
Los jóvenes abandonan sus estudios y, en consecuencia, dejan de recibir capacitación para el trabajo. Las decenas de miles de muertes, por su parte, también contribuyen a disminuir la participación de la fuerza laboral.
Sobre este fenómeno ya había alertado en 2017 Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal (FED) durante el Gobierno de Donald Trump; hoy titular del Departamento del Tesoro de la Administración de Joe Biden.
Es sabido que, al frente del banco central, Yellen seguía con lupa las estadísticas del mercado de trabajo. A partir de estas cifras —la tasa de desempleo, por ejemplo—se tomaban muchas de las decisiones de la FED, entre ellas, aumentar o disminuir la tasa de interés de referencia.
Durante una de sus comparecencias ante el Comité Bancario del Senado, Yellen advirtió una reducción importante de la participación de la fuerza laboral y señaló el aumento en el consumo de opioides como una de las causas.
Además de dañar el mercado de trabajo de forma estructural, el elevado consumo de los opioides sintéticos ha derivado río abajo en un alto costo para las familias, las empresas y el Gobierno.
De acuerdo con un análisis publicado a finales de septiembre de este año por el Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU., el costo de la “epidemia de opioides” durante 2020 fue de 1,5 billones de dólares, un aumento de casi un 40 % con respecto a 2017.
Joe Biden, bajo presión de 18 Fiscales Generales
Desde el arranque de su Administración el presidente Joe Biden trazó una ‘hoja de ruta’ para enfrentar la “crisis de los opioides”, a la que prometió dar una solución integral desde que era candidato.
La estrategia fue presentada en abril de 2021 con dos ejes de acción: el tratamiento de la adicción y el tráfico de drogas. Se trata de un plan que se presume como de carácter integral, que involucra a todo el Gobierno.
Se propone desde atender a la población que se volvió adicta y perseguir a los narcotraficantes, hasta seguir la ruta del dinero para confiscar las ganancias de los grupos criminales dedicados a este negocio.
Sin embargo, hasta el momento esta estrategia no ha dado resultados. El número de muertes por sobredosis no disminuye. Y el consumo de drogas sintéticas, las más letales, se incrementa, con el fentanilo como gran protagonista.
Voces dentro de EE.UU. claman por una respuesta de mayor contundencia. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa está catalogar al fentanilo como ‘un arma de destrucción masiva’.
Frente a este panorama, el Gobierno estadounidense ha tenido que redoblar la apuesta, aumentando los recursos dirigidos a combatir la “epidemia de los opioides”.
La tercera semana de septiembre la Casa Blanca anunció una inversión de 1.500 millones de dólares para apoyar a todas las regiones de la Unión Americana como parte del ‘Mes Nacional de Recuperación’.
El dinero será destinado a garantizar el acceso a la naloxona—sustancia que se utiliza para prevenir una sobredosis— para el tratamiento de la población adicta, fortalecer los programas de recuperación, así como las campañas de prevención. Sin embargo, hay quienes consideran que estas medidas no son suficientes.
Voces dentro de EE.UU. claman por una respuesta de mayor contundencia. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa está catalogar al fentanilo como ‘un arma de destrucción masiva’.
Esta propuesta ya se ha barajado en Gobiernos anteriores. Michael Morell, quien fue director interino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), señaló en 2017 que esta droga sintética se había convertido en un “amenaza para la seguridad nacional”.
“Es un arma de destrucción masiva”, sentenció. Pero más allá de declaraciones, ahora se busca que clasificar al fentanilo de esta manera no caiga en el vacío, sino que tenga implicaciones de política pública.
En septiembre de este año, los fiscales generales de Florida y Connecticut, Ashley Moody y William Tong, anunciaron un “esfuerzo bipartidista multiestatal”, integrado por 18 fiscales generales, que promueve que el Gobierno del presidente Joe Biden catalogue al fentanilo como un ‘arma de destrucción masiva’.
Meses atrás, en julio, Moody ya había enviado una carta al mandatario en la que, además de solicitar esta clasificación, convocaba a tomar acciones de forma coordinada entre diversas dependencias gubernamentales.
De acuerdo con Moody, era necesario sumar esfuerzos y articular una estrategia en la que participaran el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas y el Departamento de Defensa.
Según la definición del Departamento de Seguridad Nacional, un ‘arma de destrucción masiva’ es “un dispositivo nuclear, radiológico, químico, biológico o de otro tipo que tiene como objetivo dañar a un gran número de personas”.
El barómetro de los fiscales generales no fue otro que el número de decesos por consumo de fentanilo. Fue a partir del aumento exponencial de las muertes que la fiscal general Ashley Moody instó al presidente Biden a colocar esta droga sintética en la misma categoría que una bomba nuclear.
Responsabilidades y soluciones de fondo
De acuerdo con un reporte publicado por The Wilson Center, la “crisis de los opioides” en EE.UU. se ha profundizado en buena medida por el suministro continuo de los cárteles mexicanos.