México ha vivido una ola de violencia de características particulares. En los últimos días, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Colima han experimentado narcobloqueos, quema de autos y locales comerciales. Más de 200 personas fueron asesinadas en una decena de ciudades. Pero aunque la violencia parece ser un común denominador, las causas son diversas.
En Jalisco, Guanajuato y Michoacán, el pasado 9 de agosto, un grupo de presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron bloqueos y quemas de comercios y vehículos como respuesta al intento por capturar a uno de sus líderes. En varios municipios decenas de personas armadas incendiaron por lo menos 25 tiendas de conveniencia, así como farmacias, negocios locales y hasta gasolineras.
Esta violencia es sistemática y estructural, y en ella hay corresponsabilidad entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los tres niveles: el municipal, el estatal y el federal.
Es responsable tanto el presidente de México como los policías de barrio, los gobernadores estatales como los alcaldes municipales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como los ministerios públicos de cada localidad.
Y también la sociedad mexicana es corresponsable. Todas y todos nos quejamos de la violencia, pero cada vez más gente está involucrada con el crimen organizado y aunque muchos son obligados, un número mayor lo hace voluntariamente como posibilidad de hacer dinero fácil y rápido. No se dan cuenta que es fácil entrar pero muy complicado salir del crimen organizado. Tal vez nunca o solo estando muerto.
Todas y todos nos quejamos de la violencia pero cada vez más gente está involucrada con el crimen organizado y aunque muchos son obligados, un número mayor lo hace voluntariamente como posibilidad de hacer dinero fácil y rápido.
Tampoco es responsabilidad solamente de un presidente o del anterior. Muchas autoridades en México a todos los niveles durante todo el siglo XX estuvieron vinculadas al crimen organizado. Y es que cuando hablamos de crimen organizado es algo mucho más amplio que el narcotráfico, ya que también involucra actividades como el contrabando de hidrocarburos, materias primas y productos industrializados; el tráfico de migrantes y la trata de personas; el robo y contrabando de autos, etc.
Para ejemplificar lo añejo y complejo del problema, pongamos un par de casos. Hace casi un siglo, era muy conocida la relación que había entre el presidente Abelardo Rodríguez (1932-1934) y la mafia italo-americana con personajes como Al Capone y Lucky Luciano, con quienes mantenía vínculos de negocios a través de hoteles y casinos en la frontera, especialmente en Tijuana a donde se dirigía el jet set de Hollywood en tiempos de la ‘Ley seca’ en Estados Unidos. Aunque alcohol no era lo único que se contrabandeaba, evidentemente.
Esas conexiones siguieron en otros proyectos hoteleros de la Ciudad de México y especialmente en Acapulco, que se convirtió en un refugio para Hollywood en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de posguerra, en los que era imposible viajar al Mediterráneo francés.
Otro ejemplo, es la Dirección Federal de Seguridad (DFS) creada en 1947 como un servicio de inteligencia y espionaje político y artífice de la Guerra Sucia en México, pero que también estuvo muy vinculada en los setenta y ochenta con el robo y contrabando de autos al por mayor, lo mismo que con el surgimiento de los carteles mexicanos en Sinaloa y Jalisco por esos mismo años.
Es decir, llevamos casi un siglo donde el crimen organizado funciona a los más altos niveles. Actualmente, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, está esperando juicio en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Caso similar al del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo que fue el ‘zar antidrogas’ del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) pero que después fue sentenciado a 40 años de prisión por su relación con el Cártel de Juárez.
Pero estos no son casos excepcionales, al contrario, la lista es muy larga. México ha tenido por décadas a la Iglesia en manos de Lutero. Y aunque no se puede revertir una dinámica de décadas en solo un par de años, sí es vital empezar a hacerlo.
Los números dicen que casi todos los delitos están disminuyendo en este sexenio después de varios de incrementos continuos. Disminución pequeña, si se quiere, pero al menos ya no hay un aumento exponencial como en el pasado. Ejemplo de esto son los homicidios, el renglón más preocupante y mediático de los reportes de seguridad. En el sexenio de Felipe Calderón los asesinatos pasaron de 8.900 a 26.000 anuales, un incremento de 193 %, mientras que con Enrique Peña Nieto aumentó otro 59% al registrar 23.000 en su primer año y 36.000 en el último.
En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta cifra se detuvo en 36.000 homicidios anuales. Es positivo que los asesinatos no aumenten al ritmo que lo hizo en el pasado reciente, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, estos méritos palidecerán, obviamente, ante la cifra final de asesinatos que habrá en este sexenio que rondará las 200.000 muertes.
La ‘pax priista’ estuvo basada en el control que los políticos tenían de crimen organizado. Control sustentado en su involucramiento y participación. ¿Qué alternativas tenemos en el futuro? Las que sean, no serán soluciones mágicas ni que tengan resultados de la noche a la mañana.
Pero hay otros números que también reflejan avances en materia de seguridad. Los secuestros cayeron 81% de enero de 2019 a julio de este año; el robo de autos 43 %, el robo en sus distintas modalidades 29 %, los delitos del fuero federal 25 %, etc. Como dice el periodista Jorge Zepeda Patterson, la violencia en México y el número de homicidios son de proporciones escandalosas, pero en el contexto inmediato del que venimos y –agregó yo– de la historia política y económica que hemos vivido en el último siglo, las tendencias son una luz al final del túnel.
Pero tampoco nos engañemos. Aunque veamos la luz, salir del túnel nos llevará mínimamente otros 30 o 50 años. Eso sí, las tendencias que ha logrado este gobierno se mantienen durante 5 u 8 administraciones más. Pero en caso de interrumpirse o que se cambien las estrategias cada gestión, es posible que nos quedemos atrapados en un loop eterno, donde México se mantenga como uno de los países más violentos del mundo, quizá el más violento para ser un Estado que no se encuentra en situación de guerra.
En el pasado, la ‘pax priista’ estuvo basada en el control que los políticos tenían de crimen organizado. Control sustentado en su involucramiento y participación. ¿Qué alternativas tenemos en el futuro? Las que sean, no serán soluciones mágicas ni que tengan resultados de la noche a la mañana. Se necesita paciencia pero es lo que menos tiene la sociedad, justificadamente, cuando nuestras hijas, hijos, madres, padres, familiares o amigos mueren víctimas de la violencia del crimen organizado.
México vive la más importante encrucijada de su historia y no saldrá de ella hasta dentro de medio siglo y eso, solo si toda la sociedad y todas las autoridades asumen la tarea y corresponsabilidad que a cada quien le toca.