El pleito puede alentar a otros países a repatriar sus recursos o a moverlos a alguna entidad que no ponga en riesgo sus reservas internacionales.
La decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Reino Unido de impedir el acceso al gobierno venezolano a las de 31 toneladas de oro confiadas al Banco de Inglaterra crea una peligrosa y colonial jurisprudencia sobre la “autoridad reconocida” para manejar las reservas internacionales, lo que podría poner en riesgo a muchos países que han confiado sus ahorros a ese país.
Como jurisprudencia entendemos la doctrina que se produce una vez que los altos tribunales dictaminan sentencia, lo que permite que pueda ser jurídicamente extrapolable a casos similares.
Pensamos entonces ya no solo en Venezuela, país al que en este caso le habrían cercenado los ahorros que depositó en Reino Unido, sino en todas las naciones que tienen resguardadas sus reservas internacionales en oro en esa entidad financiera.
Según algunas fuentes, bajo las calles de Londres, en las bóvedas del mencionado banco, yace la quinta parte del oro de todos los países del mundo, y las entidades emisoras de unos 30 países tendrían sus reservas auríferas en el Banco de Inglaterra.
¿Peligro potencial?
Otros países, cercanos a las controversias internacionales, también tienen sus reservas de oro el Banco de Inglaterra.
Bolivia, por ejemplo, tenía en 2018 la mitad de sus reservas de oro en esa entidad financiera y al año siguiente, tras el golpe de Estado contra Evo Morales, Reino Unido reconoció el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Aunque el fallo del tribunal se circunscribe únicamente a Venezuela, genera los criterios jurídicos para aplicar esta medida a cualquier otro gobierno que sea “desconocido” unilateralmente por Reino Unido en alguna coyuntura.
El Banco de la República de Colombia, según publica en su página, también tiene sus activos de reservas custodiados en esa misma entidad. La historia se repite para Argentina, que actualmente tiene parte de sus reservas de oro en Reino Unido, en momentos en que el país suramericano atraviesa una complicada crisis política y económica.
Un medida colonial
Aunque el fallo del tribunal se circunscribe únicamente a Venezuela, genera los criterios jurídicos para aplicar esta medida a cualquier otro gobierno que sea “desconocido” unilateralmente por de Reino Unido en alguna coyuntura.
Además, la decisión sirve a Londres como un formidable mecanismo de presión sobre cualquier país que tenga reservas en sus bancos, coaccionándolo en una dirección u otra, bajo la amenaza de quitarles reconocimiento y también sus ahorros.
Los riesgos tampoco se reducen al resguardo del preciado metal, sino de cualquiera de las formas en las que el Banco de Inglaterra y los bancos británicos custodien reservas de otros países.
Pero no es la primera vez que ocurre esta situación. En 2011, la invasión a Libia permitió que se perdieran sus reservas internacionales que el entonces ministro de planificación y finanzas, Abdulhafid Zlitni, había cifrado en 120.000 millones.
Al pleito actual entre Caracas y Londres todavía le queda pendiente la apelación del Banco Central de Venezuela (BCV) y la decisión final del Tribunal británico, que determinará si alguna de las partes puede acceder al recurso, todo esto en medio de un cambio de primer ministro del Reino Unido.
Un pleito de largos años
En 2018, cuando finalizaba el primer mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el BCV pidió la devolución del oro, pero el Banco de Inglaterra se negó a ello, alegando que dudaba de la legitimidad del gobierno.
El ente emisor venezolano abrió la diatriba jurídica en los tribunales británicos, donde ha habido decisiones y contradecisiones.
En 2019, el gobierno británico no reconoció a la administración de Maduro, que se instaló tras ganar las elecciones de 2018, sino que le otorgó legitimidad al autojuramentado parlamentario Juan Guaidó, quien se amparó bajo el inexistente modelo de una “presidencia interina”.
En octubre de 2020, los tribunales británicos anularon una decisión que favorecía al interinato de Juan Guaidó, pero básicamente pidiendo indagar más sobre la autoridad legítima para retirar el preciado metal.
El reconocimiento o no de Reino Unido al Gobierno de cualquier país será suficiente basamento legal para no devolverle las reservas a cualquier nación que tenga sus bienes custodiados en Londres. O lo que es lo mismo: el Banco de Inglaterra tiene el control total del resguardo por un tiempo indefinido.
Ciertamente, en la reciente decisión de julio de 2022, el alto tribunal no permite el acceso de la facción de Guaidó a estos recursos, lo que decidirá posteriormente. No obstante, el fallo implica que para enajenar bienes a otros Estados, Reino Unido no requiere la existencia de algún interinato o gobierno paralelo, sino sencillamente su desconocimiento a un gobierno.
De esta manera, el reconocimiento o no de Reino Unido al Gobierno de cualquier país será suficiente basamento legal para no devolverle las reservas a cualquier nación que tenga sus bienes custodiados en Londres. O lo que es lo mismo: el Banco de Inglaterra tiene el control total del resguardo por un tiempo indefinido.
En mayo de 2020, el gobierno venezolano propuso que se llegara a un acuerdo entre las partes y ese depósito se utilizara, bajo la gestión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la compra de material médico para enfrentar la pandemia. Sin embargo, el banco se negó a dicha solicitud, que podía ser catalogada de humanitaria en plena crisis sanitaria.
Lo que se estaría consolidando es una verdadera arma jurídica neocolonial, que podría repetirse bajo una operación muy sencilla y respaldada por la jurisprudencia recientemente actualizada: el gobierno británico desconoce a la autoridad nacional que puso el oro en las bóvedas del Banco de Inglaterra, y después decide unilateralmente “custodiar” los recursos por tiempo indeterminado.
El resultado de este pleito puede conminar a los países que guardan su oro o cualquier activo en el Banco de Inglaterra a repatriar sus recursos, o a moverlos a algún país que no tenga una jurisprudencia que ponga en riesgo sus reservas internacionales.
Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.