El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este miércoles sus condolencias por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas ocurrido en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, y que es un crimen que ha generado una conmoción en el país y que ya fue condenado incluso por el papa Francisco.
“Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos y detener a los responsables, ya se ha avanzado en la investigación”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en la que también explicó que los sacerdotes Joaquín César Mora Salazar, de 81 años, y Javier Campos Morales, de 79, habían trabajado durante mucho tiempo en esa zona marginada.
Agregó que ya se comprobó la muerte de un civil, Pedro Heliodoro Palma Gutiérrez, y la desaparición de otras dos personas, entre ellas la esposa de una de las víctimas.
“Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actuó de inmediato, hay una búsqueda, ya se tiene identificado al homicida, y vamos a seguir con las investigaciones, también está haciendo lo que le corresponde el Gobierno de Chihuahua”, garantizó.
El acusado es José Noriel Portillo, alias ‘El Chueco’, líder de la organización Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa que controla la región, y quien está prófugo.
López Obrador subrayó que, a pesar de que es un crimen del fuero común, es decir, que recae a nivel local, decidió enviar a elementos federales para que participen en las pesquisas.
Por otra parte, precisó que la zona de la Sierra Tarahumara en donde se cometieron los asesinatos desde hace tiempo está “infiltrada, penetrada y dominada” por organizaciones criminales.
En ese sentido, recordó la masacre ocurrida en el pueblo de Creel, en Chihuaha, en 2008, cuando un comando irrumpió en una reunión y asesinó a 13 personas.
Versión
Con respecto a lo que se ha descubierto hasta ahora sobre las ejecuciones, López Obrador reveló que el delincuente señalado como el autor material tenía una orden de aprehensión que data de 2018, ya que se le acusa de haber matado a un turista estadounidense.
Confirmó, además, que la versión más firme es que Palma Gutiérrez, un guía de turistas que había sido secuestrado, entró herido a la iglesia y los sacerdotes trataron de ayudarlo, pero el sicario que lo perseguía decidió asesinarlos a los tres y llevarse los cuerpos.
La Compañía de Jesús denunció en un comunicado que estos hechos no son aislados.
“La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como fueron hoy nuestros hermanos”, señaló.
El crimen desató una oleada de indignación entre los colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales y parte de la sociedad mexicana porque demuestra la penetración de las organizaciones criminales que mantienen a poblaciones enteras envueltas en un permanente clima de violencia, lo que se combina con una arraigada pobreza resultado del abandono del Estado.
En la Sierra en donde mataron a los sacerdotes, por ejemplo, viven alrededor de 50.000 indígenas tarahumaras o rarámuris que están en condiciones de marginalidad y que desde hace décadas son apoyados por el trabajo social que realizan los jesuitas.
Reacciones
Este miércoles, el papa Francisco, quien también es jesuita, manifestó su pesar por el crimen. “Expreso mi dolor y mi tristeza por el asesinato de dos religiosos, hermanos míos, jesuitas, y un laico. Hay tantos asesinatos en México…”, lamentó.
También reiteró su cercanía en el afecto y la oración con la comunidad católica afectada por esta tragedia. “Una vez más repito, que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil”, agregó.
La conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Arquidiócesis Primada de México y la Diócesis de Tarahumara, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos también condenaron el crimen, advirtieron que no son casos excepcionales y exigieron una pronta investigación para detener y condenar al autor intelectual y a sus cómplices.
De manera particular, destacaron la urgencia de rescatar los cuerpos para poder sepultarlos, así como proteger al resto de los religiosos que ahora enfrentan un mayor riesgo en la zona.