- Presuntamente contactaba a las víctimas en otros países y las traía a la Ciudad de México para prostituirlas
- Los servicios sexuales de las agraviadas eran ofrecidos en una página de Internet
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer de 31 años, de nacionalidad paraguaya, por su probable participación en el delito de trata de personas cometido en agravio de varias mujeres extranjeras, quienes eran explotadas sexualmente y cuyos servicios eran difundidos a través de un portal de Internet, el cual fue dado de baja el pasado 20 de abril.
Mediante una denuncia anónima presentada en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, en junio de 2017 se tuvo conocimiento que desde hace seis años la imputada presuntamente contactaba a las agraviadas en diferentes países y posteriormente las traía a la Ciudad de México para difundir su imagen en el portal de Internet para luego prostituirlas.
Mediante una exhaustiva investigación de más de un año, elementos de la Policía de Investigación y personal ministerial, obtuvieron que las agraviadas eran alojadas en un inmueble ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes, delegación Benito Juárez.
Derivado de ello, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas solicitó a un juez de control una orden de cateo, misma que fue obsequiada y, posteriormente ejecutada el pasado 17 de abril en una acción que permitió el rescate de varias mujeres.
Con el testimonio de las víctimas se estableció la identidad de la imputada, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó el respectivo mandamiento judicial, el cual fue cumplimentado ayer. Autoridades consulares del país de origen de la acusada estuvieron presentes en la audiencia de control de detención.
Tras su aseguramiento, la probable participante fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permanece con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
De comprobarse su responsabilidad en el ilícito que se le imputa, la implicada podría obtener una sentencia de hasta 30 años de prisión.